El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó hace unas semanas el informe de propuestas para la ‘España de 2050’, un proyecto prospectivo que no ha pasado desapercibido por las ambiciosas propuestas transformadoras que recogen las 676 páginas que perfilan los cambios diseñados para los próximos años, siguiendo parte de la esfera de los objetivos de la ODS y las obligaciones para recibir las partidas de los fondos europeos Next Generation EU, de los cuales 140 millones llegarán a España a través de transferencias directas y préstamos para los planes de recuperación.
“El mundo está cambiando a una velocidad increíble durante estos últimos meses de pandemia en Europa, EE UU, Asia… Por todo el planeta se está configurando una nueva forma de entender el futuro”, afirmó Sánchez durante el acto de presentación de este proyecto inicial, que queda ahora abierto al debate y al diálogo social para decidir hacia dónde nos vamos a encaminar como país. En su presentación, Sánchez estuvo acompañado del vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Institucionales y Prospectiva, el eslovaco Maroš Šefčovič, quien destacó el liderazgo de España en este proyecto, ligado a otros dos objetivos en los que ya estamos embarcados: la transformación digital y ecológica.
50 objetivos agrupados en 9 desafíos
El informe ha sido desarrollado, de manera altruista, por la nueva Oficina Nacional de Prospectiva Estrategia, el órgano directivo de la Presidencia del Gobierno creado en 2020 para establecer una estrategia nacional a largo plazo en el que han participado varios expertos y analistas jóvenes, para diagnosticar cuál es la situación de España y las principales tendencias como catalizadoras del cambio al que se enfrenta nuestro país: el cambio climático, el envejecimiento demográfico o la transformación digital. 50 objetivos para una transformación que se agrupan en 9 desafíos:
- La necesidad de mejorar nuestros niveles de productividad.
- Estar en la vanguardia educativa.
- Mejorar la formación y cualificación de la población.
- Ser “neutros” en emisión de carbono y resilientes respecto al cambio climático.
- Preparar el Estado de Bienestar para una sociedad cada vez más longeva.
- Permitir un desarrollo territorial más equilibrado.
- Mejorar las deficiencias del mercado de trabajo para adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas.
- Reducir los niveles de pobreza y desigualdad.
- Ampliar las bases del bienestar futuro.
¿Es un plan viable?
Tanto la presentación y prólogo, escrito por el presidente del Gobierno, indica que no se trata aún de un proyecto definitivo, sino un primer paso antes de negociar con todos los sectores sociales esta transformación que irá más allá de su legislatura. Por lo que está considerado como un proyecto prospectivo de Estado, sin la participación del Congreso, acelerado por la crisis del Covid-19 y las políticas medioambientales de la UE.
Redescubrir el optimismo
Su epílogo, titulado ‘Redescubrir el optimismo’, no deja indiferente a nadie como prueba de su intención por transformar la percepción de la realidad. Y la que dibuja este informe se sustenta en los datos que recopiló la Comisión Europea en el año 2017, que venían mostrando ya una tendencia al pesimismo de la población europea y española respecto a las preguntas: cómo creen que vivirán las generaciones futuras en la UE y cómo creen que será la situación financiera de las generaciones jóvenes en el futuro. Una percepción que por la actual situación social, política y económica da claros signos de que ha empeorado con el cierre de la mayoría de los sectores económicos durante la pandemia y el nuevo futuro que se plantea con las medidas de vacunación o la implantación del pasaporte verde.
Según el documento de ‘España 2050’, entre los principales desafíos está el recorte de la brecha de renta per cápita para equipararse a la UE-8. La forma en la que esperan conseguirlo es a través de un aumento del 50% de la productividad de aquí a 2050. Para ello se auspician en los cambios que empezaron a producirse durante la Transición para lograr tal objetivo en los próximos 29 años. Pero, realmente, ¿partíamos de los mismos paradigmas?
Hoy por hoy, la tendencia demográfica en España ha cambiado y se rige por el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida (la tercera más alta a nivel mundial, después de Japón y Suiza) y una tendencia a la baja de nacimientos. De aquí a 2050, según indica este estudio, 1 de cada 3 españoles tendrá 65 años o más, y, por cada persona en esta franja de edad, habrá 1,7 personas en edad de trabajar. De igual forma, advierten que se reducirá la proporción conforme la población del llamado baby-boom envejezca. Pero ¿cómo afectaría que haya un mayor número de personas en edad de jubilarse? El mismo estudio indica que, en los próximos años, se producirá un aumento del gasto público en pensiones, salud y servicios de cuidado, asumible, según los expertos, si no llega a ser superior al 25% del PIB. Pero si tenemos en cuenta el gasto actual previsto para las pensiones este año, ya lo supera alcanzando el 35,8% y subiendo por la previsión que hace el gobierno sobre el gasto público de todas las administraciones.
Si la fecundidad en nuestro país va a la baja, la política migratoria será clave en los próximos años para hacer sostenible un sistema en el que será necesario más población en activo y un mercado laboral que rompa con las actuales cifras de desempleo. Aunque algunos datos más positivos muestran un crecimiento de la oferta de trabajo ligada a la aparición de nuevos perfiles digitales y tecnológicos, supondrá también la pérdida de millones de puestos de trabajo por la progresiva automatización de algunos sectores como el transporte y almacenamiento de mercancías, la industria o los servicios de alojamiento y alimentación. La pregunta es evidente, ¿la aparición de nuevos empleos compensará la desaparición de otros por la mecanización? La respuesta podría estar en un cambio del modelo educativo que facilite la incorporación a un nuevo mercado de trabajo que solo podría compensarlo a largo plazo.
Aunque el proyecto ‘España 2050’ no esconde la estrategia nacional de acoger un saldo migratorio de 191.000 personas al año de aquí a 2050, como respuesta a la baja natalidad con la actual tasa de desempleo nacional del 15,3%, sería completamente inviable si la tendencia no cambia en los próximos años. Y la prueba es que esa tendencia no ha mostrado indicios de que a largo plazo pueda equipararnos a otros países europeos en esta materia.
Los datos más bajos de desempleo que ha experimentado nuestro país se encuentran en los años que van de 2005 a 2008 con una tasa del 7,8- 8,9% de desempleo, cercana a la que tiene ahora la Zona Euro del 8,1% en plena crisis por la Covid-19. Recordemos que esa es la misma tasa que ha propiciado la entrada de todas las ayudas para que los Estados miembros puedan financiarse en los próximos años. Y mientras tanto, España sigue liderando el paro juvenil de la eurozona con una tasa del 37,7% (más del doble que nuestros países vecinos). Por tanto, una política migratoria que no reconoce la actual situación del mercado laboral puede incidir en un posible aumento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en los próximos años.
Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático
En este apartado, el informe recoge el aumento registrado de la huella ecológica, especialmente desde los años 60, como consecuencia del crecimiento económico progresivo y la utilización de recursos naturales fósiles. Aun así, da claras muestras de que en comparación con otros países de la OCDE, España sigue registrando emisiones de CO2 per cápita por debajo de la media de los países de la UE-8 y UE-27.
Entre los principales sectores que más emisiones producen, destaca el transporte de mercancías y el uso de las carreteras, el sector eléctrico (basado fundamentalmente en el uso de recursos fósiles), el sector industrial y el sector agropecuario. Pero en su página 171 va más allá y alude también a los cambios en el consumo (en relación al abandono de la dieta mediterránea o incremento del consumo de productos de origen animal) como responsables del 80% de las emisiones asociadas a nuestra alimentación. Pero ¿es eso cierto?
En el artículo anterior dedicamos un apartado a hablar precisamente de los hábitos de consumo de los españoles. Los resultados se alejan de la tendencia de abandono que recoge ‘España 2050’ al comparar los hábitos actuales con los de la dieta mediterránea. El estudio que desarrolló el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación claramente recoge unos resultados distintos sobre el consumo alimentario de España (2019) y los efectos del estado de alarma (2020).
Para tener una visión más exhaustiva de la situación actual de España, sería necesario estudiar la repercusión económica que supone para el país la producción de carne para el consumo nacional y la producción que se destina al exterior, puesto que actualmente España está entre los países que lideran las exportaciones en este sector. Otra cuestión interesante, que apenas se ha tocado en este análisis, a pesar de que nuestro país contaría con cierta ventaja, es la transformación que podría hacerse del tratamiento de residuos de los animales para la fabricación de energía eléctrica y fertilizantes; una industria que sigue creciendo en otros países como Alemania.
De momento, las miras están puestas en la inversión para la creación de centros de producción de carne de laboratorio. En la actualidad, más de 40 compañías a nivel mundial desarrollan carne cultivada y la previsión es que en 2040 la carne de laboratorio represente el 30% del consumo total de carne en el mundo. Entre las cuestiones que plantea este informe, destaca un cambio en la dieta de los españoles con la reducción del consumo de carne de aquí a 2050. En la actualidad, el incremento de los precios de estos productos y la concienciación ambiental, en la que también intervienen cuestiones ideológicas y de salud, ya son factores que están incidiendo al cambio en la percepción de los españoles sobre los alimentos que consumen. El cambio en nuestra alimentación no sería una cuestión de Estado sino una cuestión global que viene para quedarse.
Respecto a la cuestión actual sobre el cambio climático, el informe viene a ser demoledor sobre la contaminación del agua por la mala praxis. El informe destaca los altos índices de explotación hídrica de ríos, lagos y aguas costeras y subterráneas donde se han encontrado, según este estudio, una presencia alta de contaminantes por nitratos elevados, debido al uso de fertilizantes sintéticos y estiércoles líquidos en la agricultura, o el uso intensivo de fármacos (de humanos y animales) que se han detectado en agua potable.
Preparar el Estado de bienestar para una sociedad más longeva
Este es el quinto desafío que recoge este informe en el que sorprende por dos cuestiones demográficas: que no se hable de la baja tasa de natalidad sino de la reducción de la fecundidad y el aumento de una inmigración insuficiente para amortiguar el progresivo envejecimiento.
Podemos decir que sorprende porque se refieren a la reducción de la fecundidad para contemplar las causas que afectan a la baja tasa de natalidad que sólo asocian, en este estudio, a problemas sociales y económicos, tales como las restricciones económicas, dificultades de conciliación o el deseo de no ser madre. Pero estos motivos que expone el informe no explica los problemas relacionados con la salud en el aumento de la infertilidad de los hombres y mujeres españoles por el que cada vez más familias recurren a consultas de reproducción asistida para tener hijos.
Aunque no se ha recogido en este estudio, entre algunos de los factores asociados a la infertilidad está también la contaminación ambiental: en la infertilidad y en el incremento de abortos en los primeros meses de gestación; el consumo de alcohol y tabaco; los problemas de las ‘falsas hormonas’ como disruptores endocrinos que acaban interfiriendo en nuestra producción hormonal y que llegan a diario a través de lo que comemos (en forma de residuos de pesticidas que se cuelan en el plato); problemas de sobrepeso, entre otros.
Siendo un estudio que pretende ser prospectivo para dar respuesta a los problemas presentes y futuros, inducen a una visión en la que no se contemplan medidas para reducir la tendencia negativa de la natalidad frente al envejecimiento poblacional. De forma que, haya o no más población, a través de un aumento de la inmigración en los próximos años, los factores asociados que explican la baja natalidad seguirán estando latentes provocando que la población nacional disminuya si la tasa de natalidad sigue estando por debajo del nivel de reemplazo. Lo que podría dificultar que este sistema de bienestar pueda seguir siendo viable en las próximas décadas.
La clave ‘bóveda’, según los expertos de este informe, está en el nuevo paradigma del concepto de “envejecimiento activo” para que sean las personas quienes decidan si quieren seguir trabajando después de la edad legal de jubilación que podría aumentar hasta los 67 años en principio. Para ello aluden a este cambio de visión como uno de los objetivos declarados de las políticas de los países desarrollados y apoyado por los principales organismos internacionales para contemplar una tasa de actividad, entre los 55-74 años, que vaya en aumento para situarnos cerca de la media de la UE y la OCDE. El objetivo es reducir el aumento del gasto en pensiones y pasar a población activa a las personas de la tercera edad. Pero ¿se conseguirá de forma voluntaria o por necesidad?
En principio, dependería de la tasa de sustitución: el porcentaje que supone la pensión sobre los ingresos recibidos antes de la jubilación, que a años vista dependerá de la situación económica en la que se encuentren los futuros pensionistas para describir si la prolongación de la edad en activo se producirá de forma voluntaria o de forma obligada por necesidad. En esto también afectará si las personas que lleguen a ese rango de edad han vivido con mayor dificultad los periodos de crisis, varios tramos de desempleo de larga duración (a lo largo de su edad activa), bajos salarios y, por ende, bajas cotizaciones a la Seguridad Social, etc.
Entre las posibles soluciones lo que se estudia es la creación de un sistema híbrido público-privado para el pago de las pensiones. Lo que supondría una menor carga para el Estado.
Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social
Sobre todo lo explicado anteriormente, en este análisis para transformar España hasta 2050, terminamos con el octavo desafío que está relacionado con todo lo que hemos ido viendo en este artículo para responder a esta última pregunta: ¿será viable el llamado “ascensor social”?
Cualquier estudio prospectivo que se realice es positivo para conocer desde dónde partimos y las tendencias y cambios que pueden hacernos mejorar. Pero en este mundo globalizado, las políticas no irán en consonancia con la situación individual de cada país, sino que irán destinadas a cumplir con las pautas y tendencias generales en el groso de los objetivos globales. Una prueba es que este análisis prospectivo no se ha debatido en el Congreso, sino que será los sectores sociales quienes debatirán sobre la viabilidad de este estudio.
A la pregunta de cómo se podría reforzar el Estado de bienestar, va a venir sujeto a desafíos que ni en este estudio ni en ningún otro se pueden prever sin contar con los posibles factores ajenos (nuevas pandemias catástrofes naturales, etc) que puedan cambiar el curso de lo que se destina a políticas sociales. Este es el caso actual cuando se habla de la desigualdad de la renta o la elevada población en riesgo de pobreza (en personas con bajos ingresos). Según este estudio, en niños el riesgo de pobreza severa alcanzaba el 12% en 2019 (duplicando a la media de la UE); entre personas ocupadas que trabajan a tiempo completo, la pobreza en España afecta a más de un 13% de trabajadores; y lo que es peor, estos datos al ser de 2019 no contemplan cuál ha sido el cambio de tendencia con la pandemia y la entrada de una nueva recesión para los próximos años.
Si entre las medidas que sugieren para el gasto público está aumentar la recaudación del Estado mediante los impuestos tradicionales, como el IRPF, el IVA, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones o el de Donaciones, difícilmente se producirá una recuperación y una reducción de los umbrales de pobreza y desigualdad. Entre otras cosas porque se estaría tocando el derecho a la propiedad, el derecho al acceso de los productos de primera necesidad y las rentas.
Aunque no ha quedado reflejado en este estudio, según el reciente informe del Tax Observatory de la UE, España podría ver cierta luz de establecerse un impuesto universal a las grandes multinacionales con un fin recaudatorio en los países que operan. Tras algunas reuniones entre los principales países, parece que a nivel global se va a fijar un mínimo del 15% con el que España recaudaría alrededor de 700 millones de euros anuales. Un importante incentivo fiscal para hacer frente al gasto público y a la deuda, pero que tampoco viene a ser la panacea.
Respecto a la desigualdad en el acceso a la vivienda, el informe se centra en la actual situación diferencial entre quienes viven en viviendas de propiedad o los que viven de alquiler y tienen bajos índices de ingresos frente a las rentas altas y los grupos más ricos que tienen más recursos para diversificar sus activos. Pero no ofrecen una solución ni en el corto ni en el largo plazo, por ejemplo, dirigida a ofrecer más vivienda social como ocurre en el resto de Europa. Más bien, lo que contemplan es una especie de herencia universal que podría ponerse en marcha en las próximas décadas para ayudar a jóvenes en los estudios y en el acceso a la primera vivienda. Sin embargo, recordando lo que vienen a decir estos mismos expertos sobre el gasto público asumible puede dar una ligera idea de la viabilidad de este sistema como solución, aumentando los impuestos y la edad legal para seguir en activo hasta casi los 74 años.
Dicho lo cual, el propio informe no oculta la posibilidad de que los indicadores de desigualdad se dilaten en el tiempo o aumenten de aquí a 2050. Por lo que el ascensor social difícilmente podría ser una realidad en el futuro. De ahí que el título del epílogo elegido sea ‘Redescubrir el optimismo’.