En España, la situación de los jóvenes ya era difícil antes de la pandemia y fueron muchos los que decidieron emigrar a otros países europeos en la crisis anterior. Se habla entonces de la generación perdida: la generación que ya no volverá o que no podrá dedicarse a la profesión para la que se han formado. Hoy, las carreras tecnológicas son las que más salidas profesionales tienen, sobre todo aquellas dedicadas a las telecomunicaciones. Sin embargo, la inseguridad y la falta de oportunidades hacen que cada vez más gente opte por la carrera funcionarial. Para las administraciones esto supone un incremento del gasto que destina a salarios públicos en detrimento de otras políticas que podrían incentivar la reactivación del empleo y el tejido productivo del país.
Desde 2020 nos encontramos en una situación aún más compleja para reactivar el empleo. Según la OCDE, España fue el país desarrollado que más sufrió el desplome económico durante la pandemia. En este año solo se va a poder recuperar uno de cada tres trabajos destruidos.
Tarifas planas
La necesidad de buscar medios para la activación del empleo, requiere de políticas que incentiven que las empresas contraten mediante contratos fijos. Una de las formas podría ser la de establecer una tarifa plana, de uno o dos años, con la condición de hacer contratos indefinidos a los trabajadores. Hasta ahora se ha tratado de reactivar el empleo juvenil. No obstante, este tipo de políticas se ha de ampliar a otros tramos de edad, puesto que el problema de la búsqueda de empleo es ya una cuestión intergeneracional.
Los resultados de este tipo de tarifas planas ha dado resultados muy positivos para los autónomos. Lo que hace falta es que se amplíen a otros regímenes.
Por ahora, una de las bonificaciones a las que las empresas y autónomos pueden acogerse es a la contratación de parados de larga duración. Con ello, los empleadores que contratan a desempleados tienen derecho a una bonificación mensual en la cuota empresarial a la Seguridad Social.
Más contratos indefinidos frente a los contratos temporales
La temporalidad ocupa el 25% de los nuevos contratos que se producen en España y, muchos de ellos, se realizan de forma fraudulenta para extender el periodo de prueba y abaratar así los costes. Este es uno de los ejemplos de la situación en la que se encuentran muchos jóvenes en sus primeras experiencias laborales.
Con la pandemia empezó a utilizarse uno de los mecanismos que hasta ahora sólo habían sido utilizados por las grandes empresas: los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES). Tras la reunión del pasado 6 de mayo se van a ampliar hasta el 30 de septiembre, aunque ya se está estudiando la posibilidad de que se quede como una medida estructural que permita mantener al trabajador, reducir su jornada (si fuera necesario), fomentar la formación durante ese periodo y desincentivar el despido.
Frente a la baja capacidad de ahorro
Ya que estamos en periodo de renta, es importante destacar algunas deducciones a la que los trabajadores tienen derecho si viven de alquiler. Esta medida principalmente afecta a los jóvenes que no pueden acceder a la compra de una propiedad.
Y si la opción a la compra es el alquiler, es interesante puntualizar que en España, el 41% de los inquilinos destina al alquiler más del 30% de su renta, según datos de elEconomista.es. La OCDE, va más allá; en el informe que presentó en 2019 sobre el coste de la vivienda sobre los hogares, situó a España en la séptima posición entre los países miembros con mayor “sobreesfuerzo”: un 40%. Y este ratio se incrementa a menor renta. El estudio nos acerca a países como Nueva Zelanda, Israel, Chile o EE UU.
Por el importante gasto que esto supone, debido a los precios de los alquileres, que no van en consonancia con el salario mínimo, muchos españoles se ven obligados a compartir piso después de los 30. Debido a las pocas desgravaciones y al porcentaje alto del IRPF, más el coste de cambiar de ciudad para buscar un empleo que cumpla con las expectativas (recordemos que Madrid y Cataluña acumulan el 59% de las ofertas laborales), se limita bastante la capacidad de ahorro de las personas que tiene una renta baja o media y favorece la pérdida de densidad demográfica en municipios y provincias donde es difícil encontrar ofertas laborales.
El aumento del nivel de vida y la aplicación de nuevos impuestos, ya anunciados, reducirán aún más la capacidad de ahorro. Por lo que las políticas actuales están lejos de incentivar cualquier proyecto de vida.
Las deducciones en el IRPF, cuando se vive de alquiler, son dos: la estatal y la autonómica, aunque esta última depende de la comunidad donde residas. País Vasco, Canarias o la Comunidad de Madrid están entre las comunidades donde las personas tienen que hacer más sobreesfuerzo.
Respecto a la desgravación estatal es la que más requisitos conlleva, ya que solo es válida para aquellas personas que tengan contratos firmados desde antes del 2015 hasta el presente, y queda también limitada a que los ingresos (la base imponible) no superen los 24.107,2 euros anuales. La segunda desgravación viene por parte de las comunidades autónomas; cada una de ellas tiene sus propias deducciones, limitadas a la edad y a los ingresos percibidos.
Por lo que a la hora de buscar empleo y movernos de una comunidad a otra, hay que tener en cuenta estas características que pueden condicionar nuestra cacapidad de ahorro si tenemos que destinar más del 30% de nuestra renta a pagar el alquiler.