En octubre de 2018, los redactores del diario Los Angeles Times, uno de los periódicos locales más importantes de EE UU, firmaban un convenio colectivo tras conseguir formar su propio sindicato tras 138 años desde la aparición de este periódico que, en el año 2000, fue adquirido por el grupo Tribune. Hasta la firma del convenio se produjeron importantes recortes de plantilla y salario, pasando de 1000 periodistas contratados a 400, en una cada vez más difícil convivencia con las nuevas plataformas de información digital.
Este fue el comienzo de una tendencia que ha llevado a varios periódicos locales de EE UU a formar sus propios sindicatos; Arizona Republic, Gawker, HuffPost, GuardianUS, Chicago Tribune, The New Yorker, The New Yorker Magazine o The New Republic, son algunos ejemplos de periódicos y diarios digitales que están intentando protegerse y proteger a su gremio tras las operaciones de compra por conglomerados, despidos y la fragilidad laboral de los medios digitales que dependen en buena parte de los acuerdos publicitarios.
A principios de este mes de octubre, la Comisión Europea hacía público el que ha sido el primer informe sobre el Estado de Derecho de la UE, en el que ha dejado alguna serie de puntualizaciones a los Estados miembros en los apartados que consideran que deben mejorar. Este informe se fundamenta en cuatro pilares básicos: los sistemas judiciales nacionales, las normativas en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con los controles esenciales para la gobernanza de los Estados.
En el informe que dedican a España, en el apartado de pluralismo de los medios de comunicación, la Comisión ha señalado la falta de transparencia con respecto a la propiedad de los medios de comunicación de prensa escrita en el registro mercantil o la legislación de seguridad ciudadana (Ley Mordaza) que según la Comisión, “causa inquietud sobre la libertad de información y expresión”. Pero, dice poco más a excepción del malestar que ha expresado la sociedad civil, ONG o algunas asociaciones de periodistas sobre ciertas presiones a periodistas en Barcelona por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No así recoge, por ejemplo, el malestar de los periodistas que al comienzo de esta crisis sanitaria firmaron un manifiesto contra el sistema que estableción Moncloa para las ruedas de prensa; fueron un total de 400 los periodistas que lo firmaron. El informe de la UE que se ha creado durante la pandemia y ha sido publicado en octubre, no deja ninguna anotación sobre la situación que han vivido y está viviendo este gremio acosado por la crisis económica y las decisiones del Ejecutivo y los grupos parlamentarios en sus comparecencias.
Cabe destacar que este informe se llevó a cabo a instancias de la opinión de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Acess Info Europe, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) para el apartado de las recomendaciones que hace la Comisión sobre España en el apartado que dedica a los medios de comunicación.
Esto debería llevarnos a la reflexión, por el momento que se está viviendo, que es más que necesario mantener la integridad y la independencia del periodista que lo es por vocación en su trabajo de informar y sobre todo de investigar. En este primer informe de la Comisión queda claro que la independencia de los medios de comunicación así como su autonomía o la precariedad en la que que se encuentran, no son urgentes puesto que el pluralismo de los medios está garantizado por la Constitución, según las conclusiones a las que ha llegado este órgano. Dado las circunstancias actuales, ¿realmente la norma ha sido suficiente en este proceso de garantizar los cambios sobrevenidos del sector y los que ya se estaban produciendo? ¿Para qué se ha realizado tal informe del Estado de Derecho? ¿Para concluir que todo está regulado por la norma?