Para España y el resto de Estados miembros de la UE, no es algo nuevo hablar de interferencias de otros países en sus procesos democráticos, ni en sus relaciones internacionales con terceros. En la historia, ha sido parte de las estrategias que los Estados vienen utilizando desde tiempos inmemoriales. Ahora, puede que esas estrategias queden más difuminadas por la también intervención de otros actores gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano físico como en el virtual, pero no es algo exclusivo de nuestro tiempo.
El pasado 6 de octubre, el Consejo de Seguridad Nacional de España aprobaba la creación de una comisión permanente contra la desinformación con objeto de asegurar la coordinación interministerial a nivel operacional para regular y controlar, bajo la coordinación de la Secretaria de Estado de Comunicación, las informaciones falsas que surjan en el ámbito de los medios de comunicación, las redes sociales o las producidas por un tercer país. Una orden que quedaba publicada el 5 de noviembre por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que se encuentra actualmente dirigido por Carmen Calvo.
El Ministerio de la Verdad
‘El Ministerio de la Verdad’ como así lo han bautizado la mayoría de medios de comunicación, pasaba a ser una de las noticias centrales que han copado grandes titulares sobre esta ejecución a un proyecto que empieza a materializarse por parte de la administración, que está siendo duramente criticado por los periodistas.
Según recoge el BOE, en el análisis que hacen del contexto que explicaría esta actuación, se hacen eco de las amenazas que surgen en el entorno de los procesos de participación democrática por “la difusión a gran escala y sistemática de desinformación que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.
El texto prosigue con los resultados de uno de los barómetros realizados por la Comisión Europea, (el Flash Eurobarometer) de abril de 2018, y por tanto, anterior a la pandemia, donde el 88% de la población española contestó que la desinformación es un problema en España. Asimismo, también recogen los datos según el Special Eurobarometer, a fecha de marzo de 2020, (en pleno comienzo de esta crisis) en el que un 66% de la población afirmó encontrarse con información falsa al menos una vez en semana. Un dato que resulta curioso es que el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, (CIS) no recoja en sus barómetros la desinformación o las “fake news” como problema para ser preguntado y conocer, más detenidamente, cuál es la opinión de la sociedad española al respecto. Es más, el barómetro de abril de 2020 en una de las preguntas sobre cuáles son los principales problemas de España, mezcla en una misma posible respuesta a los ciudadanos/as, el comportamiento, egoísmos pocos cívicos y los bulos, como uno de los problemas, algo que resulta difícil de ser interpretado.
Sin más intención que la de seguir argumentando la necesidad de luchar contra la desinformación, utilizan el argumento falaz y simplista de que es la ciudadanía la que piensa que “son los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”. Una verdad a medias puesto que es el Centro Nacional de Inteligencia, el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros, quienes tienen potestad para estudiar posibles interferencias, así como a la Justicia española le compete dirimir cualquier tipo de injerencia que pueda atentar contra el Estado o contra la libertad de expresión o derecho a la información, como derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.
Podría citar cómo de importante es la separación de poderes y la necesidad de seguir creyendo en el trabajo de la Justicia, a pesar de las intromisiones y de los nombramientos, cuando ésta logra seguir su curso y definir las situaciones al amparo de la ley. La afirmación que recientemente hacia la Justicia española sobre las injerencias de Rusia en la causa independentista de Cataluña, es buena prueba de que funciona. También, es el ejemplo que compromete no sólo a España sino también a las relaciones de la UE con Rusia.
Aunque el centro de Seguridad Nacional puntualizaba que no se trata de un órgano que persiga lo que se publica en las redes sociales y en los medios, sino la intromisión que otros países puedan hacer en la creación de desinformaciones y movimientos que favorezcan comportamientos e ideologías extremistas, no deja claro cuál será su nivel de actuación.
Hay que tener en cuenta que será dirigido por las dos personas visibles y de confianza del actual presidente: Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver. Quizá pensando en las próximas elecciones catalanas, previstas para el mes de febrero.
No deja por tanto de ser un hecho para ser cuestionado y revisado sobre el control que puede ejercerse de la información en el proceso democrático que está por celebrarse.
Actualmente, la Comisión Europea investiga esta acción que ha desarrollado el poder ejecutivo.